16/2/14

¡S.O.S! ¡SANIDAD EN PELIGRO!





Artículo Plataforma Sanidad Pública Zona Norte
Extraído de Ethical magazine


El 27 de Enero de 2014 acabamos el día con una noticia muy alentadora, el plan privatizador del Gobierno de la CAM respecto a 6 hospitales y 27 centros de salud había sido definitivamente anulado y su mayor defensor, el consejero de sanidad el Sr. Lasquetty, había dimitido tras conocerse la decisión de los tribunales de mantener la suspensión cautelar del proceso de externalización sanitaria. Su dimisión pone una vez más de manifiesto que la presión ciudadana es la única forma de evitar que se pisoteen los derechos fundamentales como  el derecho a una sanidad pública, universal y de calidad.

Pero esta victoria no debe llevarnos a creer que la batalla está ganada, esta medida era tan solo una de las muchas que el gobierno del PP madrileño ha tomado en aras de desestabilizar y hundir la sanidad universal y pública en beneficio de la privada, de hecho a nivel estatal se han introducido medidas de copago, se ha excluido de la atención sanitaria a centenares de miles de personas, se han privatizado múltiples servicios como la lavandería central, limpieza… se ha cedido la totalidad de las donaciones de sangre de la CAM a una entidad privada (Cruz Roja), y se siguen privatizando centros sanitarios.

La ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad –aprobada durante el gobierno del PP pero votada también con el apoyo del PSOE- permite que cualquier centro sanitario o socio-sanitario pueda ser gestionado por empresas privadas. Hay que tener en cuenta que hasta ahora, ninguna de las resoluciones del TSJM ha cuestionado la legalidad de la privatización que pretende el PP de la CAM –únicamente ha puesto en cuestión las irregularidades del proceso de adjudicación en relación con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas-. Tristemente, se seguirán transformando hospitales públicos en hospitales privados como los 6 públicos gestionados por empresas privadas en los servicios no sanitarios de Madrid, o como en otras Comunidades: Valdecilla (Cantabria), Can Misses (Baleares),  Xeral (Vigo), etc.

Otra medida que hace peligrar la calidad de nuestro sistema sanitario al ser una medida de “privatización encubierta” son las derivaciones a clínicas y hospitales privados. Las derivaciones son una forma de aprovecharse de las situaciones más vulnerables de las personas que se encuentran en interminables listas de espera, en ocasiones, en una delicada situación de salud, para mentirles desde el Call Center (Centro privado, que es quien gestiona las citas sanitarias), amenazándoles con que en su Hospital tienen una lista de espera de muchos meses, mientras que si acuden a la clínica privada les pueden hacer las pruebas o pueden ser operados en pocos días. La información de esas listas de espera quirúrgicas en los Hospitales públicos muchas veces es falsa, y el usuari@ no puede comprobar su veracidad, y acepta la derivación a la clínica privada, porque siente la necesidad de salvaguardar su salud. En caso de negarse a ser derivados a la sanidad privada, son amenazad@s y colocad@s al final de la lista de espera, con la etiqueta que pone: rechaza derivación, y son advertid@s de que su espera será de muchos meses (cabe mencionar que en algunos casos en los que han rechazado ser derivados, pocos días después les han dado cita para unas semanas, con lo que se pone de manifiesto que esas listas eran ficticias).  

Mientras se derivan los pacientes a los hospitales privados, en los hospitales públicos se están cerrando camas, quirófanos y salas de radiodiagnóstico –que, no olvidemos, se han construido con nuestros impuestos-, incrementando de este modo las listas de espera. En un infernal círculo vicioso -”no es por nuestra salud, es por su negocio”- se usan los fondos públicos para pagar las derivaciones a las clínicas privadas, mientras se recortan los recursos (plantillas e infraestructuras) de los hospitales públicos para “poder justificar” esas derivaciones. 

Respecto a este tema se está llevando a cabo una campaña (Yo Elijo 100% Pública) que consiste en negarse a hacerse la prueba en los hospitales privados presentando una reclamación o, si la prueba fuera de carácter urgente por gravedad de la enfermedad o similar, se considera la opción de hacérsela en el privado pero, asimismo, presentando la reclamación por no haber sido atendido en la sanidad pública.

Por otro lado, resulta de especial importancia en el camino de destrucción de la sanidad pública tal y como la conocíamos, la ruptura de la universalidad por el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril que vincula el derecho a recibir atención sanitaria al aseguramiento y que limita este aseguramiento suscrito con el Estado (sin especificar esto bien) a los siguientes casos: trabajadores que cotizan a la Seguridad social, pensionistas, receptores de subsidios y ayudas al desempleo y                personas que han agotado su subsidio de desempleo pero se mantienen suscritas al INEM. Es decir, que excluye de la atención sanitaria a los trabajadores españoles no afiliados a la Seguridad Social, a desempleados que han agotado ya su percepción por desempleo y que no permanecen afiliados al INEM y a trabajadores inmigrantes sin tarjeta de residencia -no obtenida o no renovada-.  Además el Decreto reduce las situaciones que permiten ser beneficiario (los beneficiarios son los incluidos con cada asegurado en su mismo seguro) a tan solo su cónyuge y sus hijos menores de 26 años -los hijos mayores de 26 años que no estén cotizando no podrán beneficiarse como hasta ahora del seguro de su padre cotizante-. 

En cuanto al tan propagado “turismo sanitario” las modificaciones que se hacen son mínimas porque en realidad ya era la práctica legal cobrar su atención a los Sistemas de sus países de origen y el problema sobre todo ha sido la ineptitud de las administraciones para registrar y facturar esta atención.

Ante esta ley la campaña “Yo si sanidad universal” llama a la desobediencia civil tanto de usuari@s para que sigan acudiendo a la red sanitaria pública reivindicando su derecho a ser atendid@s en igualdad de derechos con las demás personas, como de trabajador@s sanitari@s para que se hagan objetores de conciencia y sigan atendiendo los casos de excluidos.

A modo de conclusión, pese a la alegría de la noticia con la que comenzábamos el artículo, comprobamos como, gradualmente, hemos ido pasando de una sanidad, universal, financiada solidariamente a través de impuestos, y de calidad, a otro modelo de aseguramiento, donde va a primar el beneficio empresarial, es decir, si no cotizas no serás atendido.

Por esto llamamos a los ciudadan@s a la defensa de un modelo sanitario público, financiado con impuestos directos para que pague más quien más tiene, por lo tanto, sin repagos en el momento de uso; universal, esto es, que dé cobertura a toda la población que viva en el Estado español, sin ningún tipo de exclusión; y de calidad, con una financiación suficiente de tipo finalista para las CCAA. Un sistema sanitario planificado para atender las necesidades de salud, tratando de disminuir las desigualdades existentes en salud. La ciudadanía debe participar directamente en su gestión y control.


Plataforma Sanidad Pública Zona Norte